LEY 26854 PDF

Doctrina: Por Federico D. Entonces caemos en la democracia sin significante, sin significado, en la democracia de mercado. Pero el llamado sigue abierto. Los que amamos al derecho procesal, lo sentimos como parte de nuestro propio cuerpo. En la misma fecha, nuevamente el Juzgado Federal de Mar del Plata declaraba la inconstitucionalidad de los arts.

Author:Yokasa Kazrarn
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Published (Last):7 December 2015
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Por Martn R. Espinoza Molla La Constitucin debe dar garantas de que sus leyes orgnicas no sern excepciones derogatorias de los grandes principios consagrados por ella, como se ha visto ms de una vez. Es preciso que el derecho administrativo no sea un medio falaz de eliminar o escamotear las libertades y garantas constitucionales1 Juan Bautista Alberdi Sumario: I.

Las potestades procesales en la nueva ley Medidas cautelares solicitadas por particulares. Rgimen General. Rgimen especial. Medidas cautelares solicitadas por el Estado o sus entes descentralizados.

Actualmente, representa exigencia de los Estados de Derecho contar con unos vigorosos sistemas cautelares cuyo adecuado diseo deben asegurar y consolidar, en procura de garantizar uno de los aspectos esenciales de la tutela judicial: la proteccin cautelar efectiva.

En efecto, deben mencionar los siguientes tratados incorporados con jerarqua constitucional, a travs del artculo 75, inciso 22 de la Constitucin, a saber: Declaracin Americana de los derechos y deberes del hombre artculo XVIII ; Declaracin universal de derechos humanos artculo 8 ; Convencin americana sobre derechos humanos artculos 8 y 25 ; Pacto internacional de derechos civiles y polticos artculo 2.

El tiempo imprescindible para resolver los pleitos, la mora derivada del recargo de tareas -prcticamente universal- de los tribunales o la naturaleza de los derechos afectados, van tornando cada da ms inconcebible la idea de un proceso sin proteccin cautelar6 Especficamente, debe colocarse de relieve la funcin primordial de la tutela precautoria en materia procesal contencioso administrativa, en cuanto la presencia de ciertas potestades estatales, an justificadas en el inters pblico7, tienden habitualmente a afectar la esfera de derechos de los ciudadanos.

La especial significacin de las medidas cautelares ha sido puesta de relieve, tanto desde la perspectiva del derecho privado como del administrativo. Anotado, comentado y concordado. Lexis Nexis-Depalma, , T. De l depender que la Administracin pueda hacer o no valer los privilegios que le asisten como depositario del inters pblico. Si resulta prima facie que la Administracin actu prescindiendo de los cauces jurdicos establecidos al efecto no podr pretender que el Juez, al decidir sobre la concesin o no de una medida cautelar, haga jugar en su favor la prevalencia de los intereses pblicos.

Por tales razones, la entrada en vigencia de la nueva ley Pues bien, la concrecin de un anlisis desde la perspectiva propuesta, exige ponderar de manera especial las potestades procesales que la nueva ley atribuye al Estado frente a las garantas de los particulares, tanto cuando acta en su rol de legitimado pasivo como activo de las pretensiones cautelares, a efectos de determinar si tales atribuciones procuran la obtencin de un justo equilibrio entre stas y aqullas, o si persiguen provocar, directamente, el quiebre de toda posible armona.

Ciertamente, en toda relacin jurdica que involucre al ciudadano con el Estado, y de manera particular, que lo vincule con las administraciones pblicas, existir una inevitable tensin natural entre las potestades, por un lado, y los derechos y garantas, por el otro, situacin que debe intentarse armonizar.

Al mismo tiempo, todo nuevo diseo normativo en materia cautelar debe atender los requerimientos constitucionales y convencionales humanitarios, relativos a la tutela judicial efectiva, as como aquellas directrices fundamentales propias del sistema internacional de los derechos humanos, especialmente, los principios de progresividad y de prohibicin de no regresividad que resultan aplicables.

II, 7 ed. Y esta ecuacin o equilibrio entre las prerrogativas de la Administracin y las garantas de los administrados es la base fundamental de la armona y justicia del sistema administrativo.

I, pg. Como lgica consecuencia, el legislador posee un compromiso sustancial, una responsabilidad calificada, en cuanto al momento de la elaboracin normativa debe recurrir a una adecuada tcnica legislativa12 en procura de la obtencin del mentado equilibrio.

Objetivo vital que permitir, a su vez, el mantenimiento de la paz social, razn primordial de todo ordenamiento jurdico. En tal orden de ideas, las normas han de acreditar su eficacia, de modo que, por la adecuada seleccin y el correcto uso de la tcnica, luzcan en ellas la claridad de ideas, la tersura de estilo y la mejor articulacin de sus elementos al servicio del fin propuesto.

Y ese fin es que cada norma, el conjunto normativo y, por tanto, el ordenamiento jurdico del que son piezas las normas, como un todo equilibrado y sin estridencias, puedan presidir la convivencia en armona.

Por tales motivos, y frente al sealado statu quo, consideramos necesario el fomento de una nueva concepcin legislativa imbuida de valores jurdicos autnticos, comprometidos con las necesidades sociales y con el inters pblico, al mismo tiempo que empeada en la mejora de la calidad normativa para la satisfaccin de las exigencias de una buena legislacin.

Advertiremos pues, a travs del examen de su articulado, que tales ineludibles requerimientos no resultan satisfechos por la nueva ley Buenos Aires, Del Puerto, Tal como se adelantara, la ley A su vez, en esta ltima situacin jurdica presenta dos supuestos.

De un lado, se prev un rgimen general aplicable a todos los casos y situaciones que no resultaran expresamente exceptuados. De otro lado, se halla previsto una regulacin particular, mediante la cual -segn el caso-, se dispensa -o se admite al magistrado exceptuar-, la aplicacin de algunas de las previsiones del rgimen general, cuando el legitimado activo de la pretensin cautelar se hallara comprendido en alguno de los siguientes supuestos: a Sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso; b Se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convencin Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria; c Se trate de un derecho de naturaleza ambiental.

En suma, la claridad y precisin en el uso del lenguaje conducen a la certeza y a la seguridad jurdica. En tal sentido, debe mencionarse el proyecto de reforma del Cdigo Procesal Administrativo bonaerense -expediente E , que pretende introducir modificaciones en consonancia con la ley nacional En primer lugar, de manera comparativa con la estructura jurdica aplicable precedente18, y la jurisprudencia acuada a su respecto,19 se observa que la ley La afectacin de tal garanta procesal se produce a travs de disposiciones normativas, que de modo directo o indirecto, vigorizan la esfera estatal en el proceso.

De manera especial, debe mencionarse el establecimiento de restricciones competenciales judiciales, la incorporacin de la bilateralizacin obligatoria; limitaciones temporales de vigencia; una ampliacin y alteracin de los presupuestos tradicionales de admisibilidad y fundabilidad; el efecto suspensivo del recurso de apelacin que fuera interpuesto contra la providencia cautelar que suspenda, total o parcialmente, los efectos de una disposicin legal o un reglamento del mismo rango jerrquico.

Adems, la nueva ley otorga incidencia fundamental a una serie de conceptos jurdicos indeterminados que debern ponderarse de manera especial por el magistrado para definir el otorgamiento de la medida precautoria solicitada. En el Estado constitucional social de derecho, T.

II, 1a ed. As, a pesar del exponencial desarrollo alcanzado por el derecho de la funcin administrativa en nuestro pas, solamente las condiciones de admisibilidad de la pretensin contenciosoadministrativa estn regladas en un norma legal, que no es un cdigo procesal, sino el Ttulo IV de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Va de suyo que frente a la multiplicidad de cuestiones procesales no previstas por los arts.

Obviamente, la ausencia de un cdigo contencioso administrativo se proyecta directamente sobre el sistema cautelar. Adems, la jurisprudencia del fuero contencioso administrativo federal incorpora un tercer requisito negativo de fundabilidad consistente en que la medida peticionada no afecte el inters pblico.

Un pas al margen de la ley, Estudio de la anomia como componente del subdesarrollo argentino, 4 de. Esto significa que deben evitarse en la medida de lo posible la vaguedad y la textura abierta de las expresiones utilizadas en la formulacin de las normas, las ambigedades sintcticas y semnticas, las lagunas normativas, las contradicciones, etctera.

De nuevo la eliminacin de las indeterminaciones normativas es, por una serie de razones, imposible, pero s es posible reducirlas en forma considerable.

Pues bien, haremos referencia sucinta a cada una de esas disposiciones. Uno de los aspectos de la nueva ley que coadyuva al debilitamiento de la tutela cautelar, se verifica a travs de la consagracin de la prohibicin general de dictado de medidas precautorias por juez incompetente artculo 2 21, admitindola nicamente en los supuestos especficos y excepcionales a los que haremos referencia en el acpite siguiente.

De manera tal, el nuevo dispositivo se presenta ms restrictivo respecto de la previsin contenida en el Cdigo Procesal Civil y Comercial, que resultaba aplicable de manera analgica en materia cautelar, en cuanto si bien el artculo del Cdigo de referencia de manera idntica a la nueva ley establece que los jueces debern abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia.

En otro orden, el nuevo rgimen establece que las medidas cautelares no podrn coincidir con el objeto de la demanda principal artculo 3, inc. Debe sealarse en este aspecto, que no existe una norma semejante en el Cdigo Procesal Civil y Comercial, pues resultara superflua la disposicin, pues la propia naturaleza instrumental de las medidas precautorias impide tal coincidencia, la que en caso de existir, nos sita frente a las denominadas medidas autosatisfactivas, instituto jurdico diferenciado perteneciente a la categora de los procesos urgentes.

Al momento de resolver sobre la medida cautelar solicitada el juez deber expedirse sobre su competencia, si no lo hubiere hecho antes. Los jueces debern abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. La providencia cautelar dictada contra el Estado nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, slo tendr eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convencin Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria.

Tambin tendr eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental. En este caso, ordenada la medida, el juez deber remitir inmediatamente las actuaciones al juez que considere competente, quien, una vez aceptada la competencia atribuida, deber expedirse de oficio sobre el alcance y vigencia de la medida cautelar concedida, en un plazo que no podr exceder los cinco 5 das.

Sin embargo, la medida ordenada por un juez incompetente ser vlida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este captulo, pero no prorrogar su competencia. El juez que decret la medida, inmediatamente despus de requerido remitir las actuaciones al que sea competente. Consideramos que tratndose la ley En efecto, como regla, antes del dictado de la medida cautelar el juez deber requerir a la autoridad pblica demandada que produzca informe dentro del plazo de cinco das, principio que se atena excepcionalmente como veremos en el acpite siguiente.

Medidas cautelares Aunque no existe una regulacin positiva en el orden nacional la procedencia pretoriana Si el administrado opta por la va de la tutela autosatisfactiva la decisin del juez otorgando la vista en un proceso cautelar o de urgencia satisface su pretensin de una manera directa e inmediata, situacin que tambin puede darse en otros casos 25 El artculo 4 de la ley Solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deber requerir a la autoridad pblica demandada que, dentro del plazo de cinco 5 das, produzca un informe que d cuenta del inters pblico comprometido por la solicitud.

Con la presentacin del informe, la parte demandada podr expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompaar las constancias documentales que considere pertinentes. Slo cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran, el juez o tribunal podr dictar una medida interina, cuya eficacia se extender hasta el momento de la presentacin del informe o del vencimiento del plazo fijado para su produccin.

Segn la ndole de la pretensin el juez o tribunal podr ordenar una vista previa al Ministerio Pblico. Sin embargo, exigirlo en forma obligatoria en todos los casos no es razonable Ahora bien, otra de las innovaciones de la ley Ciertamente, dado el carcter instrumental de las medidas cautelares, ha de existir un trmino temporal en su vigencia, mas ello debe ser ponderado por los jueces de acuerdo a las circunstancias particulares que se le presenten en cada caso concreto.

Por eso, bastara con que la norma estableciera que las medidas precautorias deban otorgarse con un plazo razonable de vigencia y conferir su determinacin a los magistrados. Por lo dems, la necesaria razonabilidad de los plazos -tanto judiciales como administrativos, resulta una exigencia que surge de los propios tratados internacionales de derechos humanos que poseen jerarqua constitucional en nuestro ordenamiento jurdico29, y ha sido concebida con la finalidad de la tutela de los derechos y garantas, no as para restringirlos.

Su funcin, por fin, no ha de ser la de limitar temporalmente la tutela cautelar efectiva, como parece desprenderse de la nueva ley En otro orden, el nuevo rgimen cautelar prev nuevos requisitos de fundabilidad, adems de los tres presupuestos exigidos tradicionalmente por la jurisprudencia contencioso administrativa para la procedencia de las pretensiones cautelares. Consecuentemente, junto a la verosimilitud del derecho fumus boni iuris-, el peligro en la demora periculum in mora- y la no afectacin del inters pblico, -as como el recaudo extrnseco de admisibilidad denominado contracautela-; la ley En efecto, se agregan como nuevos requisitos de fundabilidad, segn el caso, la verosimilitud de la ilegalidad, la no generacin de efectos irreversibles, y la inobservancia clara e incontestable de un deber jurdico artculos 13, 14 y 15 , para 27 En efecto, el artculo 5 de la ley, precepta: Vigencia temporal de las medidas cautelares frente al Estado.

Al otorgar una medida cautelar el juez deber fijar, bajo pena de nulidad, un lmite razonable para su vigencia, que no podr ser mayor a los seis 6 meses. En los procesos de conocimiento que tramiten por el procedimiento sumarsimo y en los juicios de amparo, el plazo razonable de vigencia no podr exceder de los tres 3 meses. No proceder el deber previsto en el prrafo anterior, cuando la medida tenga por finalidad la tutela de los supuestos enumerados en el artculo 2, inciso 2.

Al vencimiento del trmino fijado, a peticin de parte, y previa valoracin adecuada del inters pblico comprometido en el proceso, el tribunal podr, fundadamente, prorrogar la medida por un plazo determinado no mayor de seis 6 meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable. Ser de especial consideracin para el otorgamiento de la prrroga la actitud dilatoria o de impulso procesal demostrada por la parte favorecida por la medida.

Si se tratara de una medida cautelar dictada encontrndose pendiente el agotamiento de la va administrativa previa, el lmite de vigencia de la medida cautelar se extender hasta la notificacin del acto administrativo que agotase la va, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 8 segundo prrafo. En primer lugar, la suspensin de los efectos de un acto estatal, trtese de una ley, un reglamento, un acto general o particular artculo 13 , cuyos requisitos concurrentes debern ser los siguientes: 1 acreditacin de perjuicios graves de imposible reparacin ulterior; 2 La verosimilitud del derecho invocado; c La verosimilitud de la ilegitimidad; 4 La no afectacin del inters pblico; 5 Que la suspensin judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurdicos o materiales irreversibles.

A su vez, en materia recursiva, para el supuesto mencionado en primer trmino, es decir, cuando el objeto de la pretensin cautelar concedida consistiera en la suspensin total o parcial- de los efectos de un acto estatal configurado, especficamente, por una disposicin legal o un reglamento del mismo rango jerrquico, se otorga efecto suspensivo al recurso de apelacin artculo 13 32 , consolidando la concepcin 30 Sin embargo, el inciso 2 del mismo artculo, determina: El pedido de suspensin judicial de un reglamento o de un acto general o particular, mientras est pendiente el agotamiento de la va administrativa, slo ser admisible si el particular demuestra que ha solicitado la suspensin de los efectos del acto ante la Administracin y que la decisin de sta fue adversa a su peticin, o que han transcurrido cinco 5 das desde la presentacin de la solicitud sin que sta hubiera sido respondida.

La providencia que suspenda los efectos de un acto estatal ser recurrible por va de reposicin; tambin ser admisible la apelacin, subsidiaria o directa. El recurso de apelacin interpuesto contra la providencia cautelar que suspenda, total o parcialmente, los efectos de una disposicin legal o un reglamento del mismo rango jerrquico, tendr efecto suspensivo, salvo que se encontrare comprometida la tutela de los supuestos enumerados en el artculo 2, inciso 2.

Sin embargo, entendemos que en los dems supuestos, ante la ausencia de previsiones expresas en la ley Conceptos imprecisos que la propia ley no define ni ofrece pautas objetivas orientadoras para proporcionarles un contenido adecuado. Tales circunstancias resultan generadoras de una situacin de gran incertidumbre, que se reflejar, en definitiva, en una grave inseguridad jurdica.

En tal sentido deben citarse las numerosas referencias legales al inters pblico cuyo influjo fundamental en la nueva ley Como mencionramos, junto con el sistema general la ley El recurso de apelacin, en caso de admitirse la medida, se conceder en efecto devolutivo. Sern de aplicacin al trmite de las medidas cautelares contra el Estado nacional o sus entes descentralizados, o a las solicitadas por stos, en cuanto no sean incompatibles con las prescripciones de la presente ley, las nomas previstas en el Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin.

Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria; c Se trate de un derecho de naturaleza ambiental. Brevitatis causae, sealaremos las excepciones previstas en la ley. En el supuesto de medidas cautelares dictadas por juez incompetente artculo 2 , se establece que la providencia cautelar dictada contra el Estado nacional y sus entes descentralizados slo tendr eficacia cuando se trate de los sujetos antes mencionados, es decir, sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convencin Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria.

A su vez, el artculo 4 permite eximir de la obligatoriedad de bilateralizacin, en dos supuestos particulares.

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